Soy vívtima del engaño de Banco Pichincha España a sus trabajadores.
Este Banco lleva más de dos años en España operando como oficina de representación. Solicita ampliación para vender productos en España, y obliga a los trabajadores a firmar bajas voluntarias para despedir a quien quiera sin indemnización. El que no firme, a la calle. Además, los coloca en el convenio de oficinas y despachos, cuando sólo venden productos financieros y debieran estar en convenio de banca.
Todo esto, después de hacer ofertas económicas que no cumplían, una vez que el trabajador ya había renunciado a su anterior empleo.
¿Puede cualquier abusador de este tipo ejercer la actividad financiera? si trata así a sus trabajadores, ¿qué tendrá pensado hacer con el dinero de sus depositantes, también emigrantes?.
Los más grandes abusos a trabajadores extranjeros en España los cometen sus propios paisanos.
¿Nadie realiza una labor de información o inspección "de oficio"? Se trata de emigrantes que desconocemos nuestros derechos en España, pero que cumplimos religiosamente con nuestras obligaciones. El miedo y el riesgo laboral, los bajos salarios y la necesidad, hacen que sea difícil reclamar, pero ¿por qué no hay una supervisión, sobre todo en empresas que acaban de empezar a operar en España, y que no están acostumbradas a respetar las leyes en sus países de origen?